Parlamentario Michael Urtecho pide que Contraloría intervenga programa y sanciones a responsables.
La capacitación que reciben los docentes en La Libertad se encuentra
nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez por el presunto uso
irregular de 1 millón 408 mil nuevos soles del Programa Nacional de
Formación y Capacitación Permanente (Pronafcap), que fue justificado
–sorprendentemente– con declaraciones juradas firmadas por el encargado
académico, Cesar Puyén Campodónico, quien además es director del
Instituto Superior Pedagógico Indoamérica.
Este informe fue presentado por la unidad de investigación del
Ministerio de Educación (Minedu) a pedido del parlamentario liberteño
Michael Urtecho Alvarado.
“Hemos tenido múltiples denuncias contra los encargados de este
programa. Por ejemplo, el sueldo para un capacitador por hora era de 40
nuevos soles, pero se les brindaba solo 35. Además, han alquilado
locales para dictar talleres cuando en realidad todos han sido
desarrollados en las instalaciones del Instituto Indoamérica”, manifestó
el legislador.
En el mismo orden, señaló que tampoco se realizó un monitoreo
adecuado de las acciones de capacitación, e incluso habría una serie de
docentes –incluido el director del proyecto– que recibieron un sueldo
adicional del Pronafcap, cuando esto se encuentra prohibido.
Precisó, inmediatamente, que el último 1 de febrero su despacho
remitió un oficio a la titular del Minedu, Patricia Salas O´brien,
solicitándole que investigue este tema. Los primeros días de abril las
pesquisas fueron terminadas y luego se remitió el informe
correspondiente de acuerdo al oficio 143-2012.
Convenios peligrosos
Urtecho Medina precisó que
en octubre de 2010 el Minedu suscribió un convenio con el Instituto
Indoamérica a través del citado programa Pronafcap, con el objetivo de
capacitar durante 8 meses a profesores de educación básica regular, así
como de educación especial de las provincias de Chepén, Ascope y Gran
Chimú.
“Nos hemos dado con la ingrata sorpresa que el señor César Cuyén
Campodónico ha justificado todo el dinero de este programa con una
simple declaración jurada. Nadie puede rendir cuentas con un simple
papel, cuando en Trujillo existen cientos de empresas formales que
emiten comprobantes”, sostuvo el congresista integrantes de las filas de
Solidaridad Nacional.
“Este es un hecho gravísimo e inédito, porque se trata de recursos
del Estado. Acabamos de solicitar a la Contraloría General de la
República (CGR) que investiguen el caso y determinen quienes son los
responsables de estos hechos para que sean sancionados con todo el peso
de la ley”, dijo el parlamentario, notablemente molesto por la
situación.
Asimismo, solicitó a la ministra de Educación que exige al Órgano de
Control Interno (OCI) de esta institución que determine quienes fueron
los malos funcionarios que “se hicieron de la vista gorda y pasaron por
alto estas justificaciones de recursos”. “Deben revisar cuenta por
cuenta”, señaló el legislador.
