Existiría una mafia en la Grell

Cobros ilegales

El hijo de una de las agraviadas denunció ayer que en la Gerencia Regional de Educación funcionaría una mafia que cobraba sueldos irregulares.

Jorge Segura pide justicia

      Tras el informe publicado por La Industria sobre presuntos cobros irregulares de 21 docentes fallecidos –todos autorizados por la Gerencia Regional de Educación (Grell)- el hijo de una de las agraviadas, Jorge Segura Díaz (50), expresó ayer su indignación, asegurando que su familia no recibió ni un centavo de más y que en el ente educativo existiría una mafia que se benefició con el dinero ajeno.

      “Parece que dentro de la Grell hay una mafia que cobra la plata de los pensionistas muertos, pues mi mamá Bertha María Díaz Ríos de Segura murió el 23 de mayo de 2009 y, a la semana, presenté un documento en Mesa de Partes dando cuenta del hecho. No sé quién habrá cobrado su plata en los siguientes meses, pero quiero justicia”, sentenció.

 

      En tal sentido, dijo que hasta donde entiende la supuesta negligencia ocurrió en la propia Grell, pues no se informó a tiempo sobre el deceso en las instancias pertinentes. Según añadió, en el ente educativo “detienen los papeles y dilatan el tiempo de manera suspicaz, sin avisar que la persona ha fallecido”. “Lo mismo me dijo el presidente de la Asociación de Cesantes y Jubilados, quien comentó que hay varios familiares perjudicados igual que yo”, refirió indignado.

 

      Segura Díaz exigió que se “halle a los verdaderos culpables” de los cobros ilícitos y, para tal fin, ayer presentó un documento notarial solicitando lo propio a la jefa de la Oficina Regional de contraloría, Silvia Pajares Sáenz, y otro deslindando responsabilidades ante la Gerencia Regional de Educación.

 

      Alberto Pinillos Rodríguez –quien el 2004 asumió la Dirección Regional de Educación- dijo que durante su gestión se hizo la investigación correspondiente sobre este tema.

 

      Por su parte, Emma Flores Ríos -gerente durante el 2010- dijo que ella tuvo conocimiento de estos hechos desde el 2007 y en su momento presentó un informe a la OCI y a la oficina de Asesoría Jurídica de la citada entidad regional.