La transparencia de las elecciones en las universidades públicas estará garantizada mediante la participación de la ONPE.
El proceso de implementación de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, se
encuentra en marcha. En este sentido, el Ministerio de Educación
(MINEDU) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) vienen
realizando un trabajo coordinado que permita garantizar la transparencia
de los procesos electorales que se llevarán a cabo en todas las
universidades públicas del país, según lo que estipula la Ley
Universitaria.
De acuerdo al artículo 72° y a la Primera Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley N° 30220, la ONPE garantiza la transparencia de
los procesos electorales en las universidades públicas a través de su
participación brindando asesoría y asistencia técnica a cada Comité
Electora Universitario.
En este sentido, y en el marco de sus competencias, la ONPE establecerá
las disposiciones normativas destinadas a regular los procedimientos de
elección de las autoridades de las universidades públicas del país, de
conformidad con el mandato de la Ley Universitaria vigente. Asimismo, el
cumplimiento de dichas disposiciones por parte de las universidades
públicas determinará la participación de la ONPE en el proceso
electoral.
El proceso de adecuación de gobierno de la universidad pública
contempla, en última instancia, la elección conjunta de nuevas
autoridades: rectores, vicerrectores y decanos, para conformar los
nuevos órganos de gobierno, como son la Asamblea Universitaria, el
Consejo Universitario y los Consejos de Facultad.
La instancia encargada de llevar a cabo este proceso es el Comité
Electoral en cada universidad pública, el cual será elegido por la
Asamblea Estatutaria, quien previamente ya habrá establecido el
cronograma de elección. La elección será realizada mediante votación
universal, obligatoria, directa y secreta de todos los docentes
ordinarios y estudiantes matriculados de la universidad.
El Ministerio de Educación exhorta a la comunidad universitaria a llevar
a cabo un proceso de adecuación trasparente, que asegure la continuidad
del servicio educativo y en el que primen los fines que la universidad
persigue.
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