Una demanda de inconstitucionalidad ha pasado casi desapercibida, pero podría afectar a un sector importante del país. Se trata de un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por cinco mil ciudadanos, representados por María Isabel Klenke, presidenta de la Asociación de Institutos Superiores y Escuelas Superiores del Perú (Asiste Perú), que pretende anular la Ley de Protección de la Economía Familiar, Ley 29947. Esta norma, vigente desde el 2012, establece que los institutos, escuelas superiores y universidades privadas, no pueden impedir la asistencia y evaluación de los alumnos que presenten deudas.
Si el Tribunal Constitucional (TC) declara fundada la demanda, los estudiantes ‘morosos’ ya no podrán asistir a clases.
ALTERNATIVA
En conversación con Exitosa diario, María Klenke, titular de Asiste Perú, propuso que el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) sea quien asista económicamente a los alumnos que no puedan cancelar la pensión al finalizar el ciclo de estudios. “En caso continúe la morosidad, el alumno en cuestión puede pasar a un instituto público”, indicó Klenke.
Añadió que la ley resulta perjudicial para el financiamiento de los institutos y universidades privadas, que tienen que invertir en personal y otros gastos administrativos.
Por su parte, el congresista Daniel Mora, titular de la comisión de Educación del Parlamento, apuntó que, en caso de morosidad, los centros privados retienen el certificado de estudios hasta que no se abone el monto adeudado.
PLAZO
Los seis magistrados del TC darán su veredicto en un plazo de 30 días o, máximo, dos meses. Mientras tanto, los alumnos que no puedan cancelar sus deudas podrán seguir asistiendo a sus clases.
No hay comentarios:
Publicar un comentario