La última semana, el gobierno de Ollanta Humala sorprendió a la comunidad universitaria con una propuesta de última hora sacada del sombrero: su propio proyecto de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Al parecer, la propuesta cogió con la guardia baja incluso al propio congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, que se mostró preocupado con la iniciativa ya que considera que hay sustanciales diferencias con el dictamen aprobado por la comisión que preside, sobre todo, en la composición de los miembros de la superintendencia. En el otro flanco, los opositores al dictamen de la nueva ley universitaria también lanzaron sus críticas como lluvia de piedras sobre Palacio.
La creación de una superintendencia que vigile la calidad de la educación superior ha alterado los nervios de varios actores universitarios, empezando por los rectores, atrincherados en la ANR, que consideran que este órgano vulnerará la autonomía universitaria, celosamente custodiada por ellos. ¿Pero qué plantea el Ejecutivo sobre la polémica superintendencia universitaria? Aquí un breve análisis comparativo entre la iniciativa del Gobierno y el dictamen de nueva Ley Universitaria, que espera su turno para ser debatido por el pleno del Congreso.
1. Cambios en miembros del Consejo Directivo. La propuesta del Poder Ejecutivo considera la inclusión de cinco ciudadanos seleccionados mediante concurso público, mientras que no incluye la participación de un representante de Concytec o del sector empresarial como se propone en el dictamen de la Comisión de Educación.
2. Desaparición de la ANR. Ambas iniciativas coinciden en que, de ser aprobada la norma, las funciones de la Asamblea Nacional de Rectores se darán por terminadas.
3. Supervisión de recursos y calidad educativa de las universidades. Tanto la propuesta del Poder Ejecutivo como la de la Comisión de Educación mencionan la responsabilidad de verificar la calidad del servicio educativo ofrecido por las universidades, además de fiscalizar si los recursos del Estado - en el caso de las universidades públicas- son destinados a fines educativos.
El dictamen de nueva Ley Universitaria se encuentra en la agenda del pleno del próximo 21 y 22 de mayo.
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