Asimismo, las carreras o facultades no acreditadas no podrán otorgar títulos a nombre de la Nación, solo a nombre de la universidad.
Un punto discutido en el proyecto de la nueva ley universitaria es el referido a la acreditación universitaria y las consecuencias que tendría no hacerlo. Esta parte del texto ya fue aprobada por la Comisión de Educación que preside el congresista Daniel Mora.
El cuarto capítulo del texto sustitutorio menciona la evaluación, acreditación y certificación de las universidades públicas y privadas. Hoy en día, la acreditación de las carreras universitarias o facultades es voluntaria, a excepción de las carreras de ciencias de salud, derecho y educación.
Según registra el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau), solo siete carreras han sido acreditadas. Sin embargo, la mayoría de universidades está en pleno proceso de autoevaluación, mientras otras cuentan con la acreditación de instituciones internacionales y trabajan en que sean validadas en el país.
El proyecto que se discute en el Parlamento establece que esta acreditación sea obligatoria para todas las universidades, a fin de fomentar la calidad de la educación, fijar metas y objetivos que permitan elevar el estándar de aprendizaje.
Las universidades, facultades o carreras que logren culminar la evaluación, acreditación y certificación pueden otorgar títulos a nombre de la Nación, además de recibir beneficios tributarios. Aquellas que no consigan acreditarse no podrán entregar títulos universitarios a nombre de la Nación ni participar en concursos de fondos para la investigación e innovación.
“Nosotros hemos aprobado que la acreditación es obligatoria. Universidad o facultad que no se acredita a la calidad no puede dar títulos a nombre de la Nación y, solamente, puede otorgarlo a nombre propio”, refirió Daniel Mora a LaRepublica.pe.
CIERRE DE FACULTADES O CARRERAS
Según el titular de este grupo de trabajo parlamentario, el proyecto busca que las universidades alcancen un mínimo de los estándares internacionales de calidad, referente a infraestructura, laboratorio, biblioteca, bienestar universitario y excelencia académica.
El cuarto capítulo del texto también indica que las universidades, facultades o carreras tienen un período de cinco años para la evaluación y acreditación. Si en este tiempo no logran la certificación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) en tres procesos consecutivos serán cerradas y clausuradas.
Esta disolución estará a cargo de la cuestionada Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), institución que se encargará de revisar los resultados proporcionados por el Coneau. “Nosotros solo seremos un ente de referencia”, precisó Peregrina Morgan, presidenta del Sineace.
“Si no acreditan en un período de cinco años, serán clausuradas”, expresó Mora Zevallos, quien aseguró que, en los diferentes foros estudiantiles en los que ha participado, los universitarios le han expresado su respaldo por este y otros capítulos del proyecto.
Consultada sobre una eventual injerencia política en su trabajo, al estar adscrito al Ministerio de Educación, la titular del Sineace rechazó que su órgano sea utilizado como una herramienta del poder de turno para controlar las carreras o facultades a cerrar.
Morgan Lora manifestó que en estos más de cinco años que lleva operando el Sineace no ha sufrido ningún intento de intromisión por parte del Gobierno. Aseguró que su institución goza de autonomía técnica, financiera y administrativa.
“Tenemos autonomía, durante los cinco años que estamos, nunca el Ministerio de Educación ha querido injerir, nunca nos han dicho lo que tenemos que hacer, pero sí coordinamos con ellos, porque se trata de la educación del país”.
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