Contra viento y marea, pese al furibundo rechazo de los rectores y un sector de la oposición política, la nueva Ley Universitaria peruana entra en vigencia desde hoy.
Promulgada el martes por el presidente Ollanta Humala, la norma fue publicada en la víspera en el diario oficial El Peruano y pone fin a los órganos máximos del viejo sistema universitario: la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (Conafu).
La norma obliga a una serie de cambios radicales.
Cesan las asambleas universitarias de las universidades públicas y se suspenden todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta que asuman las nuevas autoridades.
AUTORIDADES. En diez días calendarios, a partir del 9 de julio, cada universidad pública designará un comité electoral integrado por tres docentes principales, dos asociados y un profesor auxiliar, así como por tres estudiantes de alto rendimiento académico de las facultades más antiguas.
Dicho comité, con el asesoramiento de la ONPE, conducirá un proceso electoral en un plazo de 25 días para nombrar una asamblea estatutaria, que debe elaborar el nuevo estatuto universitario.
Dicho documento debe estar culminado en un plazo calendario de 55 días; aproximadamente en la segunda quincena de setiembre.
Entre tanto, la asamblea estatutaria asume temporalmente las funciones de la asamblea universitaria.
El proceso de adecuación de las universidades privadas será regulado por el órgano máximo de cada entidad en un plazo máximo de 90 días calendarios.
SUPERINTENDENCIA. El Ministerio de Educación (Minedu), cuya rectoría del sistema universitario ha sido reforzada, tiene la responsabilidad de implementar, en un plazo calendario de 90 días, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
El Minedu conformará con ese objetivo la Comisión Organizadora de la Sunedu, la cual podrá ser integrada por personalidades destacadas de primer nivel. En esa línea, tiene autorización para contratar personal, bienes y servicios hasta su completa implementación.
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, confirmó el plazo de 90 días.
PROVISIONALES. El primer frente de batalla del Sunedu serán las 53 universidades que funcionan con licencias provisionales, algunas en esa condición desde 1997, como la Universidad Privada de Ica.
Otras fueron creadas en el 2002, como la Universidad para el Desarrollo Andino (Huancavelica) y la Universidad Nacional Sergio Bernales (Cañete); y desde el 2003, a saber, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (Pucallpa) y la Universidad Privada de Pucallpa (2005). Hay otras siete cuyas resoluciones datan del 2006 y tres del 2007, entre otras.
Según datos de la Asamblea Nacional de Rectores, solo en el 2013 fueron autorizadas cinco universidades de manera provisional.
CIERRE PROGRESIVO. La Sunedu pondrá énfasis en verificar sus condiciones de infraestructura, calidad de docentes, malla curricular y servicios complementarios.
Si tales universidades no cumplieran con adecuarse a la norma, se establecerá gradualmente una multa, luego una suspensión y, de ser el caso, la cancelación de la licencia provisional de funcionamiento.
"Hay universidades que vienen funcionando y que no tienen buena infraestructura o docentes a tiempo completo. No significa que de la noche a la mañana se cerrarán, sino que tendrán que pasar por una fiscalización", anunció el asesor del despacho del Ministerio de Educación, Juan Antonio Trelles.
DEBATE. La ley no ha generado consensos. Desde la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), el parlamentario Luis Iberico, cuyo partido está vinculado con la universidad privada César Vallejo, cuestionó las expresiones del presidente Ollanta Humala acerca de las "universidades-negocio".
Según Iberico, "las empresas privadas pueden hacer lo que quieran con sus utilidades, no es contra la ley".
El legislador Alberto Beingolea también ha expresado, a título personal, sus cuestionamientos a la Ley Universitaria. Afirmó que la Superintendencia (Sunedu) será manejada por el gobierno de turno, pues el máximo funcionario de ese organismo será, precisó, designado por el Ministerio de Educación.
Manuel Burga, exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), respaldó la nueva ley. A su juicio, se trata de la búsqueda de una nueva norma universitaria "que trata de corregir cosas y proponer algunas reglas de supervisión". Agregó que la anterior ley no se cumplió a cabalidad en 22 años.
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