El titular de Educación señaló que la creación de la Sunedu tiene como objetivo verificar que “toda universidad tenga las condiciones básicas para ofrecer una carrera”.
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, rechazó que la implementación de la nueva Ley Universitaria tenga la intención de afectar la autonomía universitaria, cosa que es denunciada por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
A través de su columna en el diario El
Comercio, Saavedra Chanduví señaló que la creación de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
tiene como objetivo verificar que “toda universidad tenga las
condiciones básicas para ofrecer una carrera”, pero “no tiene ninguna
atribución para regular o supervisar contenidos académicos”.
“Con la aprobación de la Ley Universitaria en
el Congreso, el Estado retoma su rol rector en la educación superior
universitaria. Y se hace sin afectar la autonomía universitaria. La
autonomía de gestión, autonomía de gobierno y, lo más importante, la
autonomía académica están en la Constitución, y una lectura cuidadosa de
la ley aprobada muestra que no hay intención de mellarla”, precisó.
El titular de Educación manifestó que por
varias décadas, las universidades operaron de manera independiente,
aunque en parte reguladas por las leyes del mercado y “muchas veces por
intereses políticos y económicos”, dando como resultado “centros de
enseñanza mediocres”.
En esa línea, indicó que la nueva norma
protege el derecho que tiene todo estudiante a una educación de calidad
para evitar que cualquier joven, al terminar su carrera, caiga en la
cuenta que desperdició tiempo y dinero.
Jaime Saavedra argumentó que a partir de la
Ley Universitaria se quiere avanzar en la definición de una nueva
política nacional sobre educación superior, política que debe incluir,
además del licenciamiento, tres ejes: sistemas de información, políticas
de fomento y un sistema de acreditación.
El ministro sabe que no será sencillo, como
tampoco será fácil implementar la Sunedu: académicos, investigadores y
profesionales deben liderar esta superintendencia, además, debe
establecerse un proceso de supervisión y regulación razonable y eficaz,
con plazos adecuados para que las universidades que no cumplen
estándares básicos se adecúen a los mismos.
“Un país que,desde el punto de vista
económico es reconocido por su estabilidad y por excelentes
perspectivas, como acaba de reconocer Moody’s, no puede darse el lujo de
tener una educación superior de calidad muy heterogénea, y en promedio,
baja. Tenemos que ponernos al día y avanzar en dar a nuestros jóvenes
la oportunidad de la educación superior que se merecen”, sentenció.
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