Rectores piden que el Congreso no apruebe Ley Universitaria

Presidente de la ANR califica de "mamotreto" proyecto que elabora la Comisión de Educación y dice que su titular, Daniel Mora, es un autoritario. Interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante el TC si se aprueba la ley. 

      La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) se mostró en contra del proyecto de Ley Universitaria que viene elaborando la Comisión de Educación del Congreso, y mostró su confianza en que dicha norma no será  aprobada por el Pleno del Parlamento.
      El titular de la ANR, Orlando Velásquez, calificó el proyecto como un "engendro" y criticó el desempeño del titular de ese grupo de trabajo, el congresista Daniel Mora –a quien llamó autoritario–, ya que no ha recogido las sugerencias de su entidad ni de otros miembros de la comunidad universitaria para elaborar el documento.
      Así, sostuvo que Mora se ha valido de artimañas para aprobar más de cien artículos de su propuesta, como usar el voto de congresistas accesitarios y no de los titulares de la Comisión.
"Pedimos que el Pleno del Congreso no apruebe un documento que ha sido elaborado sin consenso", expresó.
       En todo caso, el rector Orlando Velásquez señaló que si la norma es aprobada, la ANR –que agrupa a las universidades públicas y privadas a nivel nacional– interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la misma que cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados de Lima. "Por el Pleno o la Constitución este proyecto no tiene futuro", acotó.
      Como lo indicó el propio congresista Mora, el proyecto de ley está en su tramo final, con el objetivo de que sea puesto al debate en el Pleno antes del fin de la legislatura, que culmina en la quincena de diciembre.
       Velásquez señaló que para hacer ciencia e investigación las universidades no pueden estar supeditadas a otras instituciones como una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, pues le restaría autonomía y la pondría a merced de los intereses de los gobiernos de turno.
       El presidente de la ANR indicó que no están en contra de que haya un control de la calidad educativa, pero dijo que para ello debe haber mecanismos autónomos. públicas y privadas
       La oposición a la propuesta de la  Comisión de Educación no solo es de las universidades nacionales, sino también de las particulares. El rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Gonzalo Galdós, señaló que el proyecto de ley tiene vicios estructurales importantes que la convierten en una norma perniciosa para el sistema universitario.
       Indicó que de aprobarse la ley, la llamada Superintendencia Nacional de Educación Universitaria estaría adscrita al Ministerio de Educación, por lo cual no tendría autonomía ni independencia.
       "El proyecto también coarta la libertad de los padres y alumnos para elegir carreras, porque la ley propone regular las ofertas de carreras; dice que no debería haber tales carreras porque hay muchos profesionales en el mercado", apuntó.
       Otro punto que es criticable para Galdós es que la Superintendencia intervendría en el gobierno de las universidades, pretendiendo decir quiénes deberían ser las autoridades, lo que violaría su autonomía.
       "Son vicios insalvables y el presidente de la Comisión ha atacado a todos los que se oponen. Si bien ha conversado con todos no ha hecho caso a nadie", apuntó.
       Así, Galdós también manifestó su deseo de que la Comisión de Educación ni el Pleno aprueben la propuesta. En todo caso, dijo, hay juristas que han señalado la inconstitucionalidad del proyecto, por lo cual sería el Tribunal Constitucional el organismo que finalmente defina el tema.
      Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal, José María Viaña, señaló que la ANR presentó un proyecto de reforma a la Comisión de Educación, en el cual se ponía énfasis en dar más atribución a dicha entidad para hacer una mejor supervisión de las universidades.
      Además, se mostró en contra de la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria y del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación  de la Calidad Educativa (Sineace). "No se puede poner al Ministerio de Educación por encima de la ANR, pues ellos se dedican a ver institutos y colegios", apuntó.
      En tal sentido, Viaña señaló que si bien está en contra de la propuesta de la Comisión de Educación, manifestó que sí debe darse una nueva ley universitaria, pero en el marco del diálogo de las partes para tener una norma consensuada. ❧

Alumnos que desaprueben tres veces un curso serán retirados

      Una de las propuestas más polémicas del proyecto de ley es la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, la misma que estaría adscrita al Ministerio de Educación. Dicha institución fiscalizaría el uso de recursos de las casas de estudio.
       En cuanto a los alumnos, el proyecto señala que los alumnos que desaprueben por tercera vez un mismo curso serán separados de la universidad de manera definitiva.
      Las universidades públicas podrán cobrar una pensión a quien decida estudiar una segunda carrera.
      El grado de bachiller se obtendrá a través de una tesis. Se eliminará el bachillerato automático.
Las universidades privadas que no acrediten que imparten una enseñanza de calidad perderán los incentivos tributarios de los que gozan. Actualmente, las universidades están exoneradas del pago del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas e impuesto a la importación de bienes de capital.
 Si una universidad no logra acreditar su calidad en tres evaluaciones inmediatas, será clausurada y disuelta por la Superintendencia.
      Los condenados por terrorismo o apología no pueden postular ni ingresar a la universidad.